Intervención de la Coalición Americana de Política de Drogas (CAPD) en la 49° Asamblea General de la OEA

Intervención de la Coalición Americana de Política de Drogas (CAPD) en la 49° Asamblea General de la OEA

“Diálogo de los Jefes de Delegación, el Secretario General, el Secretario General Adjunto y los Representantes de las Organizaciones de la Sociedad civil, los Trabajadores, el Sector Privado y Otros Actores sociales”

49° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Medellín Colombia, 26 de junio de 2019.

La política de drogas en la región y sus efectos en los derechos de las personas, es una temática fundamental en el diálogo entre la OEA, los Estados miembros y las organizaciones de la sociedad civil para el perfeccionamiento de las instituciones y el Estado de Derecho en el continente.

Al ser el respeto de los DDHH uno de los elementos esenciales de la democracia participativa en la que se sustenta el trabajo de la OEA, solicitamos a los presidentes de la región a fortalecer desde el multilateralismo, el diálogo frente a las consecuencias de la política vigente en materia de drogas tomando en consideración las Directrices Internacionales sobre derechos humanos y política de drogas, conforme al derecho internacional, resumen las obligaciones jurídicas concretas que tienen los Estados en la materia.[1]

Específicamente, instamos a mantener los espacios de diálogo ganados por la sociedad civil en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y a fortalecer la interacción con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), atendiendo a la coherencia interna del sistema interamericano con el fin de generar sinergias para atender las siguientes recomendaciones:

  1. Construir una política de seguridad respetuosa de los derechos humanos:

La experiencia de militarización de la política de drogas en América Latina, a través de la utilización de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública y la priorización del presupuesto en la perspectiva de “guerra contra el narcotráfico”, ha generado consecuencias sumamente negativas en los Estados de la región que han sido documentadas por la CIDH, entre éstas: la comisión de graves violaciones a derechos humanos como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; el aumento en los índices de violencia; la represión de la protesta social; vulneraciones en contra de la población migrante y desplazada, la persistencia en el tiempo de la militarización del poder público y la aparición de consolidación de un sistema penal de excepción. Ante dicho contexto, solicitamos a los Estados apostar por el concepto de seguridad humana, bajo un mando civil con controles claros que integre policías fortalecidas y capacitadas desde el respeto y la garantía de los derechos.

  1. Garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población cultivadora de plantas declaradas ilícitas:

 

Para ello, instamos a los Estados a impulsar y garantizar políticas de sustitución voluntaria de cultivos y así evitar medidas que vulneran derechos como la erradicación forzada y la aspersión área con químicos peligrosos para la salud como el glifosato.

  1. Cesar la criminalización desproporcionada de delitos menores o no violentos relacionados con drogas:

La región de las Américas se ha caracterizado por imponer sanciones desproporcionadas a los delitos de drogas no violentos. Una de cada cinco personas en prisión de la región lo está por delitos de drogas, con penas incluso más gravosas que frente a delitos como el homicidio o la violencia sexual. De esta manera se ha privilegiado el encarcelamiento de personas que participan en los aspectos operativos del narcotráfico y que tienen una baja remuneración. En América Latina, el número de personas en situación de prisión preventiva se ha incrementado alrededor del 60 % en las últimas dos décadas. Así las políticas de drogas han puesto a las mujeres como una de las poblaciones donde el incremento del uso de la prisión ha aumentado más rápidamente.

En Argentina, Brasil, Perú y Costa Rica, más del 60 % de la población carcelaria femenina de cada país está encarcelada por delitos relacionados con drogas. En ese sentido, consideramos que una de las alternativas más importantes al encarcelamiento es la despenalización de la tenencia de sustancias por consumo personal como como sugiere posición común de la ONU sobre la política de control internacional de drogas a través de una colaboración interinstitucional efectiva.[2]

Asimismo, en AL y el Caribe hay más de dos millones de niños, niñas y adolescentes con por lo menos un referente adulto encarcelado. De éstos, uno de cada cinco sufre las consecuencias de políticas de drogas punitivas que optan por la prisión. La OEA y la CICAD han dado recomendaciones para incentivar el uso de medidas alternativas al encarcelamiento, que reduzcan los daños del uso de la prisión en estas personas, especialmente en mujeres, adolescentes y poblaciones afrodescendientes. Estas medidas incluyen enfoques innovadores como programas de acceso a la educación, salud, trabajo por fuera del entorno penitenciario que apuestan por la unificación familiar.[3]

  1. Preocupaciones frente a la implementación de las Cortes de Drogas en la región:

Las alternativas a la criminalización frente a los delitos que de consumo de drogas es un gran avance, siempre y cuando sean respetuosas de los derechos humanos. Desde la sociedad civil nos preocupa la implementación en diferentes países de la región del modelo de Cortes de Drogas ya que, a pesar de ser presentado como una alternativa, de acuerdo a la evidencia recabada en los países donde actualmente opera, en los hechos se enfoca de manera selectiva en el delito de posesión simple, convirtiéndose en un mecanismo de criminalización del uso de drogas. Además, sigue recurriendo al derecho penal para atender una problemática de salud, especialmente en países donde la dosis legal permitida es tan baja que termina criminalizando a personas usuarias como microtraficantes.

Así, el programa que pretende atender a las personas uso problemático de drogas, se desvía para criminalizar a personas que son estigmatizadas como usuarias de drogas. De igual forma, los esquemas de tratamiento de dichas cortes suelen basarse en la abstinencia, lo cual aumenta el riesgo de que se cometan castigos o se expulse del programa al usuario. Finalmente, es importante resaltar que las opciones de tratamiento en la región siguen siendo insuficientes e inadecuadas. La falta de instituciones públicas pone en riesgo a las personas usuarias de ingresar a instituciones privadas en las cuales se ha documentado violaciones a derechos humanos.

  1. Entender el uso de drogas desde una perspectiva de salud pública:

La prohibición de las drogas y la estigmatización de su uso, ha puesto en riesgo en derecho a la salud de las personas en las Américas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Instamos a todas las organizaciones que trabajen con políticas de drogas, derechos humanos y salud, así como a los estados miembros de la OEA a adoptar las medidas necesarias para eliminar el estigma hacia las personas que usan sustancias psicoactivas. Asimismo, instamos a los Estados a abandonar políticas represivas y adoptar políticas de prevención, reducción de daños y tratamiento, sustentadas en la evidencia; diferenciadas en tipo de consumo y sustancia; sostenibles financieramente y bajo un enfoque de género.

Invitamos a los actores públicos y privados, organizaciones civiles y medios de comunicación a abandonar el estigma frente al uso de drogas y apostar por narrativas en clave de derechos. Finalmente, es importante invertir en investigación sobre las medidas de reducción de daños y tratamiento que se adapten a los contextos de uso de América Latina, especialmente, a la dependencia no funcional de derivados fumables de la cocaína e inhalantes.

  1. Regulación responsable del cannabis con base en las experiencias regionales

Como señaló la CICAD en su “Informe sobre el consumo de drogas en las Américas, 2019[4], los cambios en la legislación y la regulación legal del cannabis continúan en todo el hemisferio para fines medicinales o personales. Dicho cambio, hace impostergable el debate multilateral para respaldar la descriminalización del uso del cannabis bajo principios de salud pública, acceso seguro, comercio justo, desarrollo sostenible y derechos humanos.

La Coalición Americana de Política de Drogas insta a los Estados a poner fin a la guerra contra las drogas e impulsar un debate democrático y transparente para transitar a una política con enfoque de derechos.

[1] International Guidelines on Human Rights and Drug Policy. March 2019: https://idpc.net/es/publications/2019/04/directrices-sobre-derechos-humanos-y-politicas-de-drogas

[2] UN. Chief Executives Board for Coordination, Summary of Deliberations. CEB/2018/2, 18 January 2019. http://fileserver.idpc.net/library/CEB-2018-2-SoD.pdf

[3] Niñez que cuenta: El impacto de las políticas de drogas sobre niñas, niños y adolescentes con madres y padres encarcelados en América Latina y el Caribe: http://www.cwslac.org/nnapes-pdd/es

[4] OEA-CICAD. Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019, OEA/Ser.L/XIV.6.6 2019: http://www.cicad.oas.org/oid/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf

2019-06-28T11:36:37+00:00
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