Política de drogas, género e impactos diferenciados

Política de drogas, género e impactos diferenciados

¿Cómo afecta a las mujeres la política de drogas prohibicionista? ¿Tiene diferente impacto esta política en hombres que en mujeres? ¿Qué problemas surgen al analizar esta política bajo una perspectiva de género?

Las mujeres experimentamos (vivimos) y nos enfrentamos a la implementación de políticas de drogas prohibicionistas de manera diferente a los hombres. Sin embargo, dentro del panorama dinámico del crecimiento continuo del mercado de las drogas, los impactos diferenciados tanto del narcotráfico como de las políticas adoptadas por los Estados para contrarrestar el problema, siguen estando sub-analizados.

En el contexto de lo que hemos llamado guerra contra las drogas, entre otros muchos aspectos, las mujeres enfrentan las políticas prohibicionistas por un lado, siendo las más afectadas por la persecución de los eslabones más débiles de la cadena de producción y tráfico de drogas, y por el otro, sufriendo diferenciadamente la intensificación de la violencia asociada a la presencia de grupos criminales en los territorios. Estos impactos deben entenderse, además, dentro de un contexto más amplio de violencia y desigualdad estructural contra las mujeres.

En relación con las severas medidas de carácter punitivo que adoptan los Estados en contextos de prohibición, criminalización y persecución de todas las personas involucradas en la cadena del narcotráfico, las cifras muestran cómo el uso de la cárcel como respuesta ha afectado desproporcionadamente a las mujeres. Según el informe “Balance de una década de política de drogas” de IDPC, en algunas regiones del mundo, más del 80% de las mujeres encarceladas han sido privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas. Las mujeres están encarceladas en todo el mundo por este tipo de delito más que por cualquier otro delito.

En países de América Latina, del 60% al 80% de las mujeres encarceladas fueron condenadas por delitos relacionados con drogas, cifras muy superiores al porcentaje de hombres encarcelados por los mismos delitos. En Colombia, entre el último trimestre de 2012 y el primero de 2013 había 3.421 mujeres reclusas, de las cuales 2.738 (80%) fueron condenadas por tráfico, elaboración o posesión de drogas, 53 fueron sentenciadas por dos o más delitos (como, narcotráfico, robo, tráfico de armas), y sólo 29 fueron condenadas por tráfico en concurso con “conspiración”, es decir que participaban activamente en un grupo criminal dedicado al tráfico de estupefacientes.

Precisamente el tipo de delitos por los que las mujeres suelen ser condenadas en este contexto es un claro reflejo de este impacto desproporcionado. En este sentido, según los estudios disponibles, la mayoría de las mujeres involucradas en el negocio de las drogas en la región, lo están en el nivel más bajo de la cadena del crimen organizado, como micro-traficantes, “mulas” o transportadoras. Son las piezas de la cadena de fácil reemplazo, cuya detención no implica un gran impacto en la disminución del tráfico o de la inseguridad ciudadana. Son mujeres en su mayoría en situación de pobreza, con historiales de violencia y abuso, y con responsabilidades del cuidado de hijos y familiares. En estos casos, las sentencias de encarcelamiento severas para las mujeres, muchas veces en casos de delitos no violentos, con frecuencia resultan en la separación de las familias y/o encarcelamiento de los bebes y niños.

Aunado a este escenario de efectos desproporcionados de las políticas punitivas en materia de drogas, existe otro contexto de violaciones a derechos humanos que las mujeres han tenido que enfrentar en el marco de la injusta guerra contra las drogas: los cuerpos como objetos de control del territorio del crimen organizado.

Hoy, cuando se quiere dominar un territorio, hay que marcarlo y para hacerlo se usan los cuerpos, sobre todo los que representan mejor el poder de la conquista: los de las mujeres. Siguiendo sus cuerpos –torturados, desechos, abandonados en el margen de una carretera-, se pueden trazar las nuevas rutas de la criminalidad. Y entender cómo la violencia se ha transformado y ha penetrado hasta las capas más profundas de un territorio (…).

El conflicto provocado por el accionar de la delincuencia organizada tiene graves consecuencias para las mujeres y niñas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las adolescentes y las mujeres jóvenes se ven especialmente expuestas a diversas formas de violencia sexual, explotación, tratos crueles, humillantes y degradantes, homicidios y trata de personas con fines de explotación sexual, por parte de integrantes de grupos criminales que utilizan su situación de poder para ejercer violencia contra ellas. En México, organizaciones de la sociedad civil han denunciado que estos patrones de violencia contra las mujeres ejercidos por el crimen organizado, derivados en primera medida de un contexto estructural de violencia de género, se han visto intensificados en el marco de estrategias de militarización para el combate al narcotráfico. El antecedente de Ciudad Juárez muestra cómo en particular, a partir del 2006, con la puesta en marcha de la guerra contra el narco, las prácticas de desaparición forzada, tortura, violación y secuestro sobre los cuerpos de las mujeres sirven para negociar el territorio. “Siguiendo la ruta del feminicidio se pueden trazar las nuevas rutas de la criminalidad organizada” y del impacto del encuentro entre estos dos poderes que reflejan la estructura patriarcal: el narco y las fuerzas militares.

Es así como, resulta inviable que el discurso sobre la elaboración e implementación de políticas públicas en materia de drogas integrales con enfoque de salud pública y derechos humanos omita el estudio del impacto diferenciado que la guerra contra las drogas tiene en las mujeres. Este estudio permite avizorar la necesidad de una mayor conciencia de las dimensiones de género, y la comprensión de las múltiples experiencias de las mujeres desde una perspectiva interseccional. Las mujeres no pueden ser más una preocupación marginal de los gobiernos y ser relegadas en los escenarios de debate y académicos a una categoría de vulnerabilidad tan sólo mencionada. Mujeres, políticas públicas en materia de drogas y seguridad pública son asuntos que deben analizarse en conjunto. Porque ya no será más posible una política de drogas sin enfoque de género.

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Imagen: Talkingdrugs.com

Silvana Puccini Montoya
Silvana Puccini Montoyasilvanapuccini@elementa.co
2019-05-28T11:48:17+00:00
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